Son múltiples las bondades del uso intensivo y generalizado de las tecnologías digitales. Favorecen la competitividad, democratizan el acceso a la información y fortalecen las capacidades del sector público, permitiendo en última instancia alcanzar un mayor crecimiento económico, estadios superiores de bienestar y mejores oportunidades para todos.
Asimismo, la inversión en infraestructura tiene múltiples canales por los cuales afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la productividad de las empresas y la eficiencia de la economía en general. Su impacto específico en la creación de empleo es especialmente relevante debido a su vinculación con los objetivos de política de creación de actividad económica local, incremento de ingreso de las poblaciones vulnerables y la reducción de desigualdad.
Sin embargo, la materialización de estos beneficios no ha sido posible debido a que las brechas digitales y de infraestructura excluyen a quienes no tienen acceso ni habilidades para su aprovechamiento. De hecho, a escala global las desigualdades se han profundizado, la movilidad social se ha estancado y la productividad se ha debilitado.
En el contexto específico de América Latina y el Caribe, estas brechas son especialmente visibles. Se estima que 32% de la población no tiene acceso a internet, 67% de las escuelas no tienen una velocidad de conexión suficiente y 50% de los países no tienen una agenda de digitalización avanzada. En términos generales, el desarrollo de un ecosistema digital se ubica en una etapa intermedia como expresión de la variada gama de tareas pendientes.
De igual forma, pese a los avances en inversión de infraestructura en servicios públicos como agua potable, saneamiento y electricidad realizados en la región, la heterogeneidad en el acceso y la calidad de los servicios es alta. Por ejemplo: a pesar de que la cobertura del servicio de agua potable se sitúa en torno al 80% en la mayoría de los países, menos del 60% de las personas opta por beber agua del grifo. Por su parte, el acceso al servicio eléctrico en la región es superior al 90% en promedio, sin embargo, existe una alta disparidad en la calidad del servicio (intermitencia) y su acceso en zonas rurales.
En tal sentido, impulsar la digitalización y a la inversión en infraestructura para lograr mejores resultados económicos y sociales es una prioridad para los países de ALC, especialmente, por su vinculación directa con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La inclusión de este eje temático en el Programa de Trabajo 2022-2026 apunta a contribuir al cumplimiento de las siguientes metas:
Impulsar espacios para que los países puedan compartir sus experiencias, conocimientos y necesidades para encontrar sinergias en los temas fundamentales para el desarrollo económico y social como la digitalización, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo energético.
Programa Sostenibilidad energética
Objetivo: La sostenibilidad de la energía, en particular la energía limpia, es crucial para proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad energética a largo plazo, impulsar el crecimiento económico y mejorar la salud pública.
Actividades:
Programa Digitalización y Telecomunicaciones
Objetivo: Los principales retos identificados para lograr un mayor despliegue de la infraestructura digital apuntan a despertar el interés del sector privado en obras con rentabilidad incierta, fomentar la cooperación regional e internacional para el aprovechamiento de oportunidades técnicas y financieras y generar esquemas eficientes para la colaboración público-privada.
Actividades:
Programa Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo: El desarrollo de infraestructura es esencial para lograr un crecimiento económico sostenible en América Latina y el Caribe. Mejora la productividad, atrae inversiones, apoya la integración regional y promueve la inclusión social, proporcionando un mejor acceso a servicios y oportunidades para todos los ciudadanos.
Actividades:
06 de noviembre de 2024
