El llamado «Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023» es una hoja de ruta bianual que requiere del dinero este año para atender a las poblaciones más vulnerables del país, ubicadas mayoritariamente en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Zulia.

«El plan busca abordar las necesidades más inmediatas enfocándose en seis áreas prioritarias: salud de la población; nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida; movilidad humana (migración); riesgos de protección; prestación y acceso a servicios y acceso a la educación», dice el texto.

La población meta, explica el documento, contempla la igualdad de género en el número de beneficiarios, entre los cuales un 40% son menores de edad.

«Se trabajará de la mano con la comunidad de donantes para facilitar la movilización de recursos de una manera oportuna con el fin de aumentar el financiamiento de la respuesta», prosigue el escrito.

Para lograr esta meta, el plan contempla 145 proyectos presentados por 125 organizaciones, entre ellas agencias de Naciones Unidas, así como ONG locales e internacionales.

El plan, además, buscará «apoyar a las autoridades nacionales en la preparación, mitigación y respuesta a desastres de origen natural o antrópico adversos», después de que en 2021 las lluvias afectaran a casi un tercio del territorio.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitó Venezuela a finales de julio y sostuvo reuniones con el presidente, Nicolás Maduro, así como con varios ministros y vicepresidentes, representantes de la oposición y de ONG locales y extranjeras.

El funcionario, que se mostró «alentado» por los «signos de recuperación» que muestra el país, reiteró que persisten las necesidades apremiantes dentro de Venezuela, por lo que espera que el crecimiento económico se pueda «convertir en oportunidades y esperanza para millones de personas».