El texto aborda la preocupación conjunta por la presencia recurrente de flotas de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera e incluye disposiciones sobre esas actividades, que a su juicio ponen en riesgo la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del medio marino, más allá de sus aguas jurisdiccionales.
De acuerdo con la cartera de estado, también trata la necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de información en tiempo real.
Entre los objetivos de la declaración consta evidenciar presuntas prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, promover la adopción de medidas rápidas y eficientes a nivel local y regional, así como alcanzar mayor coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores para dar seguimiento a esos tópicos de interés común.
A finales de julio último, el canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, señaló en rueda de prensa que hablaría con sus homólogos de Colombia, Perú y Chile, además de Panamá, miembros de la Comisión del Pacífico Sur, sobre proyecciones de una estrategia común, ante la presencia de flotas foráneas en los alrededores de sus aguas territoriales.
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