En la vecina Honduras, Nyzelle Dondé, religiosa scalabriniana y coordinadora nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, no ha percibido un aumento de nicaragüenses mayor que el de otras nacionalidades. Pero Dubon se muestra sorprendida por lo que oye en sus conversaciones con compatriotas emigrantes. Cita a «una mujer de Matiare, a 30 kilómetros de Managua, que me decía que de su zona se habían ido 200 familias enteras». De hecho, «hay una crisis en la producción de café porque no hay jornaleros». 

En los grupos de discusión que organiza, el 80 % de los migrantes aseguran que dejaron su país por la represión. La exdiputada todavía trata de descifrar hasta qué punto «han sido objeto directos de la misma», o si se ha generado tal clima de miedo que incluso quienes no la han sufrido «tienen la percepción de que pueden ser agredidos en cualquier momento». La semana pasada, recuerda, fue condenada la primera persona acusada de violar la Ley de Ciberdelitos por una publicación contraria al régimen en sus redes sociales.

Sobre el otro 20 % que emigra por razones económicas, Dubon explica que hay un 45 % de la población con trabajos precarios y un 5 % sin trabajo. «La crisis política ha tenido un efecto negativo en la inversión, lo que unido a la pandemia ha supuesto un deterioro en las condiciones de vida». Los precios de algunos productos básicos, como el arroz o los frijoles, se han duplicado. El ambiente de represión obliga a la gente a marcharse «con mucho sigilo», sin poder organizar bien el viaje. «Salen con poquísimos recursos, algunos apenas con 90 dólares», confiando en que «en el camino habrá buenos samaritanos». 

En su primera parada, Honduras, esta acogida es aún escasa. Cuando el año pasado empezaron a cruzar el país haitianos, africanos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, «fueron las iglesias las que dieron una respuesta inmediata», narra la hermana Dondé. Luego llegaron las organizaciones internacionales y, en último lugar, el Gobierno.