México necesita de una estrategia más clara para el manejo de sus finanzas públicas, que no recurra de nueva cuenta a los fondos de ahorro gubernamentales en caso de carencias, indicó hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En su análisis económico semanal, el CEESP precisó que si bien en el 2019 el gobierno mexicano realizó un buen manejo de las cuentas públicas, existieron algunas distorsiones en el detalle.

En lo particular, señaló, la debilidad de las fuentes de ingreso se tuvo que compensar con los recursos del llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), una subcuenta de ahorro del gobierno que no es recurrente.

«El objetivo principal debería ser fortalecer los ingresos a través de un gasto que estimule el crecimiento y por ende una mayor recaudación», sugirió el organismo. «Es entonces necesario contar con una estrategia clara para proveer a las finanzas públicas de una salud no sólo transitoria sino permanente, que sea compatible con el crecimiento del país», agregó.

El CEESP consideró que el gasto para la inversión productiva en áreas cruciales como la infraestructura o la ciencia se vio reemplazado por una tendencia hacia los rubros asistenciales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el 30 de enero pasado que México mejoró sus cuentas fiscales en 2019, pese a la desaceleración de la economía local y a la incertidumbre global que redujo los flujos de inversión.

El año pasado, México logró un superávit primario en sus cuentas públicas equivalente al 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al saldo a favor del 0,6% del PIB de 2018.

El CEESP consideró que el gasto para la inversión productiva en áreas cruciales como la infraestructura o la ciencia se vio reemplazado por una tendencia hacia los rubros asistenciales. «En resumen, el resultado positivo desde la perspectiva agregada de las finanzas públicas en 2019 se logró recurriendo a mecanismos que o son transitorios, o que de mantenerse implican serios riesgos para la economía en adelante», advirtió.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, se ha propuesto un estricto manejo de los pasivos públicos para garantizar la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo.

Desde el inicio de su gobierno, López Obrador ha puesto en marcha una política de austeridad en el gasto del gobierno y de combate a la corrupción, para destinar esos recursos a programas sociales y de apoyo a la población más vulnerable.