CIUDAD DE MÉXICO — La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional realizar revisiones aleatorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas porque tales prácticas pueden ser discriminatorias contra personas indígenas o afrodescendientes.

Según explicó el jueves la organización no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), cuyos abogados litigaron el caso, el máximo tribunal amparó a tres personas indígenas del sur del país que fueron detenidas en 2015 por agentes migratorios por “no parecer mexicanas”, fueron privadas de la libertad durante una semana y hostigadas para que firmaran documentos donde aceptaban ser de Guatemala y ser deportadas a ese país.

Aunque la Corte no ha emitido pronunciamiento público sobre el tema, sí confirmó el amparo contra algunas partes de la ley migratoria.

A la espera de que se definan los detalles en la sentencia, que se publicará en las próximas semanas y es el único documento con valor legal, el IMUMI consideró que con este pronunciamiento se “sienta un precedente para la libre circulación y la seguridad de las personas mexicanas y migrantes» porque permitirá “desterrar las prácticas de detenciones por ‘apariencia de las personas’, constantes desde hace años”.

Los controles fuera de los puestos migratorios formales han sido habituales en ciertas partes del país. Migrantes haitianos, por ejemplo, se han quejado de racismo y de haber sido devueltos al sur de México aunque tuvieran documentos en regla para cruzar el país.

El IMUMI lleva años documentado “cómo las revisiones migratorias en carretera son discriminatorias, racistas e inconstitucionales con impactos en la población migrante y mexicana” y, según explicó en un comunicado, el propio Instituto Nacional de Migración ofreció disculpas públicas en el caso de las tres personas indígenas – dos mujeres, una de ellas menor en 2015, y un hombre – que denunciaron la actuación de sus agentes.El amparo de revisión llegó a la Corte Suprema en 2019.

México ha incrementado los controles migratorios a instancias de Estados Unidos y ante el incremento del flujo de migrantes hacia el norte en los últimos años.

Por otra parte, académicos, expresidentes y líderes sociales de distintos países participantes del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración presentaron el jueves un informe con 70 recomendaciones para los países de la región en el que, entre otras cosas, instaron a abrir nuevas vías para la migración legal y atajar las causas no solo económicas de la migración, sino también las políticas, como la corrupción o el acceso a la justicia.

Por ejemplo, el informe plantea la creación de un tribunal regional anticorrupción, recomienda sancionar a personas o gobiernos corruptos, proteger más a sectores olvidados como los desplazados internos, abaratar el envío de remesas o crear una especie de ‘Plan Marshall —que inyectó millones de dólares para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial— para atender las desigualdades estructurales de los países expulsores de migrantes.

El documento también propone crear un consejo regional para gestionar conjuntamente el fenómeno en el que estén incluidos actores no gubernamentales, locales y empresariales.