Resumen ejecutivo

El Gobierno de Nicaragua busca activamente aumentar el crecimiento económico apoyando y promoviendo la inversión extranjera. El gobierno destaca su gestión pragmática de la economía a través de un modelo de consenso y diálogo con representantes del sector privado y de los trabajadores. Un atractivo clave para los inversionistas es la mano de obra relativamente joven de Nicaragua, con un 75 por ciento del país con menos de 39 años de edad. Además, la relativa seguridad física del país se compara favorablemente con otros países de Centroamérica. Nicaragua es parte del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) y goza de una fuerte relación comercial con los Estados Unidos. 

Para atraer inversionistas, Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales en muchas industrias, incluyendo minería y turismo. Estos incluyen exenciones de derechos de importación, incentivos fiscales a la propiedad y alivio del impuesto sobre la renta. El país tiene un régimen de zona de libre de comercio bien establecido con importantes inversiones extranjeras en textiles, arneses de automóviles, equipos médicos, centros de llamadas y servicios de back office. 

El sector de la construcción también ha atraído inversiones significativas, impulsadas por grandes proyectos de infraestructura y vivienda, así como por el sector de las telecomunicaciones, lo que dio como resultado una mayor cobertura de telefonía móvil y banda ancha. La agencia de promoción de inversiones del país, ProNicaragua, es un facilitador bien considerado y eficaz para los inversionistas extranjeros. En octubre de 2016, el Gobierno de Nicaragua aprobó una Ley de Asociaciones Público-Privadas para facilitar el desarrollo de la infraestructura. 

Las instituciones gubernamentales débiles, las deficiencias en el imperio de la ley y el control ejecutivo extenso pueden crear desafíos significativos para aquellos que hacen negocios en Nicaragua, particularmente los inversionistas extranjeros más pequeños. Muchas personas y entidades plantean preocupaciones sobre las operaciones aduaneras y fiscales en particular. La Embajada continúa escuchando las declaraciones de ciudadanos estadounidenses que buscan reparación por violaciones a los derechos de propiedad y ha expresado su preocupación al Gobierno de Nicaragua por la violación de los derechos de propiedad privada que afecta a los ciudadanos estadounidenses. 

Las elecciones presidenciales celebradas en 2016 concentraron aún más el poder, con un poder ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales. Un proyecto de ley fue presentado en el Congreso de los Estados Unidos en abril de 2017 (H.R. 1918), que prohibiría a los Estados Unidos apoyar préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua debido a estas deficiencias. Los inversionistas a gran escala y las empresas con relaciones positivas con el partido gobernante están favorecidos en sus tratos con la burocracia gubernamental. Existe una percepción generalizada de que el sector judicial y las fuerzas policiales están politizadas y están sujetas a influencia externa. Además, la importante presencia de empresas estatales y empresas propiedad o controladas por funcionarios gubernamentales y miembros del partido gobernante reduce la transparencia y puede poner a las empresas extranjeras en desventaja. 

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