Publicado por LosTiempos.com, Bolivia

La Paz, 14 de noviembre de 2014.- La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el proyecto de ley de “Gestión de Riesgos” que crea un Fondo para la Reducción de Riesgos de Desastres (Forade), que funcionará con el 0,15 por ciento del presupuesto del Tesoro General de la Nación, que equivale a 80 millones de bolivianos.

“La Ley de Gestión de Riesgos sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, significa un avance porque se crea el Forade, es como un fideicomiso con disponibilidad inmediata de recursos”, informó a la ABI el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.

Dijo que es un fondo para la reducción de riesgos de desastres que permite acceder a recursos, no sólo destinados para las emergencias, sino para reducir los riesgos de desastres.

Recordó que hasta la fecha, el Gobierno desembolsaba recursos al Viceministerio de Defensa Civil, después de un Decreto Supremo de Declaratoria de Emergencia. Ahora, con la nueva norma el Forade recibirá 0,15 por ciento del presupuesto general.

“El 0,15 por ciento significa al menos 80 millones de bolivianos. Es un presupuesto que permitirá acceder a otros recursos, canalizar o recibir donaciones monetarias de los organismos internacionales destinados no sólo a la emergencia, sino para la reducción de los riesgos que significa prevención, rehabilitación, reconstrucción y otras medidas”, fundamentó.

Mayor responsabilidad

La ley promueve la descentralización de la gestión de riesgos, lo que significa que los municipios y gobernaciones asumirán mayor responsabilidad en este aspecto.

Según el Viceministro de Defensa Civil dará mayor énfasis a la prevención de desastres y reconocerá instrumentos y mecanismos de información para alerta temprana, derechos y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en situación de emergencia.

Además, reconoce la declaratoria de desastres y emergencia de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) y establece la modalidad de la contratación directa por desastres a nivel municipal y departamental, sin la necesidad de que el Gobierno central declare emergencia para el mecanismo de contrato que establecía la Ley 2140.