Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.

El informe señala que «las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques».

Pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha experimentado el país desde 2011 -que sigue siendo alta-, los asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según los datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la sociedad civil.

El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios afectados tras la llegada al poder del presidente Iván Duque; sin embargo,el relator destaca que el índice de esos crímenessigue siendo muy elevado, con 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera mitad de 2019.

La impunidad perpetúa la violencia

Forst indica que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%.

Sin embargo, recuerda que desde 2016, la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, con 302 casos.

De ellos, la Fiscalía detalla que a fecha de agosto de 2019 «33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado».

Estas cifras conllevan un 11 % de casos esclarecidos, frente a un 89 % pendientes de determinar la culpabilidad, «si bien en el 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación», apunta Forst.

No obstante, agrega que «esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz».

El relator advierte que «cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos».

Grupos específicos

El experto indica que los defensores de derechos humanos «más expuestos» tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y «sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra».

Forst subraya la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente «en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes».

El relator fue informado de cómo estas personas se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y criminales y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión.

Los activistas también plantearon a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes «se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras».

Pese a una pequeña disminución en 2018, el número de mujeres defensoras asesinadas aumentó desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2019, representando entre un 20% y un 17% del total de defensores abatidos.