El gobierno de Bolivia informó que Bolivia cerró el 2020 con una deuda externa pública de 12.171 millones de dólares, la más alta en la última década, al representar el 31,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), pero aseguró que es sostenible.

En un pronunciamiento de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, además de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Bolivia, rechazó las afirmaciones vertidas por la Fundación Jubileo sobre una supuesta «insostenibilidad de la deuda».

Para el Ministerio, los argumentos de esa fundación no condicen con un análisis académicamente serio, y que más parecen responder a posiciones seudo-científicas que pretenden generar incertidumbre y nerviosismo en la economía nacional.

La semana pasada, la Fundación Jubileo puso en duda la sostenibilidad de la deuda pública de Bolivia con un análisis de datos que se limita a una descripción de ingresos y gastos y con varios errores metodológicos, dentro de los cuales destaca el análisis de los datos nominales de la deuda.

En este contexto, el Ministerio de Economía informó que el saldo de la deuda externa pública de Bolivia se ubica por debajo de los límites referenciales de organismos internacionales que establecen un tope de 40 por ciento (Marco de Sostenibilidad de la Deuda BM-FMI), y 50 por ciento (parámetro de la Comunidad Andina de Naciones-CAN).

«En cuanto a la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN), el gobierno nacional recibió una pesada herencia producto de la mala administración de las finanzas públicas de la gestión del gobierno interino de Jeanine Áñez, caracterizada por un incremento descontrolado de la deuda interna, con la contratación de créditos de liquidez y de emergencia por más de 2.586 millones de dólares»,refirió.

Enfatizó que el gobierno trabaja para administrar esa pesada carga sin poner en riesgo las finanzas del Estado, al igual que se tuvo que administrar el peso de la deuda interna en 2006, cuando se tuvo que ampliar plazos, bolivianizar la deuda y reducir tasas de interés, lo cual permitió retornar a la senda de la estabilidad.

Asimismo, recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su documento «Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021», estima que la recuperación de las economías no será sino hasta el año 2023, por lo que ve necesario un acceso internacional equitativo a las vacunas contra la COVID-19, mayor disponibilidad de financiamiento para ampliar el espacio fiscal y reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren el acceso a nuevo financiamiento de todos los países en desarrollo.

«Actualmente, la mayoría de los países se encuentran adoptando mayor endeudamiento a fin de poder financiar sus planes de recuperación económica y la lucha contra la COVID-19, situación similar asume el Estado boliviano, que debe además reconstruir la economía después de medidas de política económica mal aplicadas y decisiones desacertadas del gobierno transitorio», señala el documento.