Al anunciar la iniciativa en un encuentro de alto nivel celebrado en Panamá, la FAO señaló que busca implementar un plan conjunto que sirva para eliminar esa práctica a través del reforzamiento de los mecanismos de control y de las instituciones del sector pesquero.

El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, remarcó que la pesca ilegal “amenaza no sólo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sino también el bienestar económico de dos millones de personas que dependen de la pesca como medio de subsistencia”.

El acuerdo también busca endurecer los sistemas de vigilancia, monitoreo y control de la pesca para conseguir una gestión sustentable de los recursos pesqueros. El apoyo de FAO servirá además para alcanzar una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca que antes de 2020 se reglamente la explotación pesquera y se ponga fin a la pesca ilegal.

Igualmente, la Organización anunció que colaborará en la activación del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer tratado internacional vinculante que busca poner fin a la pesca ilegal y que ha sido ratificado por cinco países de la región.

Según la FAO, el impacto de la pesca ilegal a nivel global supone un volumen de extracción de 26 millones de toneladas, que equivalen al 15% de la producción mundial registrada y tendrían un valor de 23.000 millones de dólares.