Quito, 14 de noviembre de 2025. Representantes de más de una docena de países de América Latina y el Caribe cerraron hoy una nueva ronda del Proceso de Quito con acuerdos concretos para mejorar la protección, regularización e integración de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas retornadas en la región.

A lo largo de dos días de trabajo, los Estados participantes revisaron los avances y desafíos de los últimos años, y definieron prioridades de acción conjunta: fortalecer los sistemas nacionales de asilo; ampliar y agilizar los programas de regularización; mejorar el acceso a servicios esenciales; y consolidar redes de apoyo comunitarias y centros de orientación que atienden por igual a migrantes y a personas refugiadas.

Entre las decisiones más destacadas figura la actualización de la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas en América Latina y el Caribe (+ERISE), que busca acelerar la inclusión laboral y social de ambas poblaciones con un enfoque de derechos y de largo plazo. Los países también acordaron impulsar la formación y el intercambio entre las Comisiones Nacionales para Personas Refugiadas, así como crear una Red de Puntos Focales de Género y Movilidad Humana para abordar de forma coordinada las necesidades específicas de todas las personas en contextos de movilidad con enfoque de edad, género y diversidad.

Los Estados miembros subrayaron que la región ha otorgado más de cinco millones de permisos de residencia entre 2018 y 2025, un esfuerzo sin precedentes que ha permitido que un gran número de personas migrantes y refugiadas accedan a estabilidad, empleo, educación y salud. También llamaron a mantener y ampliar estas vías regulares, consideradas esenciales para reducir la vulnerabilidad y promover una integración sostenible.

La onceava reunión plenaria celebrada bajo la Presidencia Pro-Témpore de Ecuador adoptó la Declaración Conjunta del “Capítulo Quito IV”, un documento que reafirma la voluntad política de los países de la región de trabajar de manera conjunta frente a los desafíos actuales de la movilidad humana. La Declaración también destaca la importancia de combatir la xenofobia y de promover narrativas responsables que reconozcan las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas a las comunidades que las reciben.

Los Estados reconocieron además el rol de la Red de Sociedad Civil del Proceso de Quito (RESC) y los aportes de la Red Académica del Proceso de Quito (RAP) en la generación de evidencia y recomendaciones para políticas públicas más efectivas y basadas en datos.

Otro punto clave fue la renovación del compromiso con el Protocolo Regional de Respuesta a Contingencias Migratorias y de Protección Internacional de Refugiados, un instrumento de cooperación que refuerza la capacidad colectiva para prevenir y atender emergencias humanitarias en un contexto de crecientes flujos mixtos.

Creado en 2018, el Proceso de Quito se ha convertido en uno de los principales espacios de coordinación técnica entre gobiernos de la región para abordar temas de movilidad humana y protección internacional. Articula esfuerzos con mecanismos como el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Plan de Acción de Chile (Proceso Cartagena+40) y la Comisión de Asuntos Migratorios de la Organización de Estados Americanos (CAM-OEA).

Al cierre del encuentro, los países agradecieron a Ecuador por su liderazgo durante 2025 y se trasladó la Presidencia Pro-Témpore para 2026 a Panamá, un año que se perfila clave para consolidar avances y profundizar la cooperación regional.