El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) culminó exitosamente el ´Segundo Diplomado en Gestión Integral del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe: resiliencia para la adaptación ante el cambio climático’, organizado junto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que contó con la participación de 18 funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En representación de la Secretaría Permanente del SELA, el Coordinador del Área de Desarrollo Social, Gustavo Herrera, destacó que este espacio de aprendizaje permitió adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas más efectivas.
“El llegar a la meta, en este espacio de conocimiento y aprendizaje, es una muestra clara del compromiso del SELA con la construcción de sociedades más resilientes y seguras. Su participación fue fundamental para fortalecer los sistemas de gestión del riesgo de desastres en sus respectivos países y hacer de América Latina y el Caribe una región más segura, preparada y resiliente”, aseguró el Coordinador.
Iniciada el pasado 18 de junio, esta Segunda Edición del Diplomado tuvo el objetivo de brindar conocimientos sobre la planificación e implementación de medidas que promuevan comunidades más seguras y sostenibles, con un enfoque colaborativo y multidisciplinario, buscando empoderar a los asistentes para enfrentar los desafíos actuales y futuros asociados al cambio climático en la región.
En la ceremonia, el SELA y autoridades de la UCSG hicieron entrega de los Certificados de Aprobación del Diplomado a los 18 funcionarios participantes, pertenecientes a instituciones gubernamentales de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El Segundo Diplomado en Gestión Integral del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe está enmarcado en el Programa II del Área de Desarrollo Social del Programa de Trabajo 2022-2026 del SELA, que está orientado a la gestión integral del riesgo de desastres y cambio climático, para establecer estructuras regionales que contribuyan a la disminución de vulnerabilidades, a la respuesta efectiva a situaciones de emergencia y a la atención de las poblaciones más vulnerables a los fenómenos naturales extremos, a través de sistemas de protección social.