Un total de 17 países de las regiones de América Latina, África y Asia han dirigido una carta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Unión Europea, actualmente en cabeza de España, con el objetivo de mostrar su preocupación por la expedición, y ahora implementación, del reglamento de la Unión Europea sobre el comercio libre de deforestación.

La carta la firman 11 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), otros tres asiáticos: (Indonesia, Malasia y Tailandia), y tres africanos (Costa de Marfil, Ghana y Nigeria).

En la misiva, han señalado que la legislación ignora las circunstancias y capacidades de producción locales, las legislaciones de cada nación y los mecanismos de certificación de los países en desarrollo, así como los esfuerzos que adelantan en su lucha contra la deforestación y los compromisos multilaterales.

En consecuencia, han instado a los altos mandos en el bloque europeo, destinatarios de la carta, a revisar el reglamento y a participar en un diálogo abierto con los países productores que exportan sus bienes a ese mercado, para tratar de mitigar los impactos que sobre el comercio traerá su implementación.

«Considerando que, a pesar de las múltiples manifestaciones de preocupación, la legislación entrará en vigor en menos de 18 meses, instamos al bloque a participar en un diálogo más significativo y abierto para, por lo menos, tratar de mitigar los impactos más dañinos a través de directrices de implementación que valoren las prácticas sostenibles, así como el desarrollo local de las cadenas de valor agrícolas, y evitar así la perturbación en el comercio», recoge la misiva.

EXCESIVA CARGA ADMINISTRATIVA

Asimismo, entre los problemas a los que se enfrentan estos países se encuentra una «excesiva» carga administrativa por las exigencias en geolocalización y trazabilidad, certificaciones y trámites aduaneros.

Todas estas normas y reglas generarán altos costes para los países exportadores e importadores y, según han explicado, pueden terminar siendo asumidos especialmente por los productores.

«*Consideramos que la legislación, por sí sola, no tendrá ningún impacto positivo en las tasas de deforestación e incluso puede producir otros efectos adversos, como aumento de la pobreza, desvío de recursos y obstáculos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», han apuntado los países firmantes.

Así, han exigido a la Unión Europea que reconozca los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para avanzar en prácticas de sostenibilidad, así como los desafíos que enfrentan para acceder a programas de financiación, nuevas tecnologías, capacitación y asistencia técnica.