Javier Gordon, Director (e) de Relaciones para la Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y Ana Lucía Hill, Consultora del SELA.

Las “Alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe”, y particularmente lo relativo a la “continuidad de gobierno y la continuidad de negocios y operaciones ante situaciones de desastre”, viene siendo abordado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) desde el año 2010.

En función de los mandatos emanados del Consejo Latinoamericano, la Secretaría Permanente del SELA ha venido trabajando el tema de manera conjunta con la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastre (UNISDR). Ello quedó formalizado mediante la suscripción de un “Memorando de Entendimiento 2011-2015 para promover la Cooperación entre Gobiernos y Sector Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres”, el cual ha sido nuevamente ratificado en 2016 por un período de 5 años. 

Dado el impacto devastador de los desastres en los últimos años, las políticas para la reducción de riesgo de desastres requieren ser abordadas multisectorialmente. Es la suma de esfuerzos entre los sectores público y privado lo que hará que el desarrollo de la infraestructura (construcción, mantenimiento y operación) así como la provisión de servicios coincidan con el crecimiento y cubra las necesidades de la población en la región.

Los organismos internacionales han reconocido ya el papel fundamental del sector privado –empresas y organizaciones de la sociedad- como aliado estratégico en la reducción de riesgos y en la construcción de comunidades resilientes.

Los trabajos orientados a reducir el riesgo pueden ser abordados desde distintos enfoques, el desarrollo de alianzas público privadas (APPs) en la reducción de riesgo de desastre se ha convertido en una herramienta de financiamiento para proyectos que suman al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. Por muchos años la inversión en la infraestructura social y económica había sido una de las principales actividades de los gobiernos, hoy se recurre a la suma de esfuerzos coordinados entre sectores para resolver el problema que los gobiernos –con presupuestos limitados- enfrentan. Se trabaja persiguiendo un interés compartido por mejorar la vida de las personas y sus comunidades.

No son pocos los esfuerzos y las iniciativas nacionales y regionales que impulsan la participación del sector privado, pero es fundamental identificar sus ventajas y desventajas en el objetivo de la reducción de riesgos de desastres.

Descargue el estudio: «La reducción de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe: una guía para el fortalecimiento de las alianzas público-privada».